Las empresas no podrán despedir a aquellos trabajadores cuyos contratos hayan sido objeto de suspensión o reducción de jornada en un ERTE, por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con el COVID-19. Así, se establece la garantía del empleo, al menos de seis meses desde la reanudación de la actividad, y se prohíbe el despido justificado en los efectos del estado de alarma y la crisis sanitaria del COVID-19.
Al margen de las situaciones de suspensión de contrato, o reducción de jornada temporal comentadas (ERTE’s), las empresas pueden proceder al despido de un trabajador al igual que se hacía antes de la entrada en vigor del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma.
Así, continúa en vigor las causas de despido previstas legalmente (disciplinario, objetivo…).
En este caso la recomendación es firmar la carta de despido como no conforme, debiendo constatar que la fecha de la carta es coetánea a la entrega de la misma.
En cuanto al plazo de impugnación, como sabemos es de 20 días hábiles, pero con alguna especialidad.
Desde el 14 de marzo tanto los plazos administrativos como los procesales (Juzgados) se hayan suspendidos. Mientras dure el estado de alarma tampoco correrán los plazos sujetos a prescripción o caducidad. Es decir, los 20 días no correrán hasta la finalización del estado de alarma.
La excepción la tenemos con los despidos nulos por vulneración de derechos fundamentales. En este caso dichos despidos sí se tramitarán como venía haciéndose, debiendo impugnarse en el plazo de 20 días. Tanto las conciliaciones, previas a la vía judicial, como las demandas de estos despidos serán tramitados.
Así, continúa en vigor las causas de despido previstas legalmente (disciplinario, objetivo…).
En este caso la recomendación es firmar la carta de despido como no conforme, debiendo constatar que la fecha de la carta es coetánea a la entrega de la misma.
En cuanto al plazo de impugnación, como sabemos es de 20 días hábiles, pero con alguna especialidad.
Desde el 14 de marzo tanto los plazos administrativos como los procesales (Juzgados) se hayan suspendidos. Mientras dure el estado de alarma tampoco correrán los plazos sujetos a prescripción o caducidad. Es decir, los 20 días no correrán hasta la finalización del estado de alarma.
La excepción la tenemos con los despidos nulos por vulneración de derechos fundamentales. En este caso dichos despidos sí se tramitarán como venía haciéndose, debiendo impugnarse en el plazo de 20 días. Tanto las conciliaciones, previas a la vía judicial, como las demandas de estos despidos serán tramitados.
